Publicada la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre. (LexNET)

Ayer en fecha 17 de Diciembre, se ha publicado ( «BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 2015, páginas 118849 a 118859 (11 págs.), la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Dicha Resolución se dicta en cuanto el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET establece que la presentación de toda clase de escritos, documentos, dictámenes, informes u otros medios o instrumentos deberá ir acompañada de un formulario normalizado con el detalle o índice comprensivo del número, orden y descripción somera del contenido de cada uno de los documentos, así como, en su caso, del órgano u oficina judicial o fiscal al que se dirige y el tipo y número de expediente y año al que se refiere el escrito. 

Este formulario normalizado se ajustará a las disposiciones del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales, aprobado por Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El formulario así configurado será un documento digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente.

En el sistema de comunicaciones LexNET el formulario estará integrado por los distintos datos que en función del tipo de escrito, de interviniente, de procedimiento, etc., deban ser cumplimentados por el remitente. Cuando se acompañen documentos anexos al escrito principal el sistema LexNET generará el índice comprensivo de estos documentos que se podrá comprobar en el acuse de recibo generado, resultando visualmente la imagen que, a título de ejemplo, se incorpora como anexo a la presente Resolución.

El formulario, en función de las distintas posibilidades y casuística, contendrá los datos que se relacionan en la Resolución, la cual indica cuales serán obligatorios.

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre.

El Tribunal Supremo confirma que quienes adquirieron sellos a Afinsa ostentan la condición de acreedores en el concurso.

Desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideraba que los adquirentes de los sellos de dicha mercantil ostentaban la condición de acreedores en el concurso

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Afinsa contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, que consideraba que los adquirentes de los sellos de dicha mercantil ostentaban la condición de acreedores en el concurso.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, confirma la interpretación de la sentencia de la Audiencia de que la voluntad de las partes, al firmar cualquiera de las cuatro modalidades de contrato (CIF, CIT, PIC y MIP) era que, junto al traspaso de la titularidad dominical de los lotes de sellos al cliente que los suscribía, al término de los plazos pactados en cada caso, Afinsa viniera obligada a asegurar la recompra de los sellos por un precio mínimo predeterminado o determinable, bien facilitando su venta a un tercero bien adquiriéndolos ella misma.

La práctica contractual ha demostrado que era Afinsa quien los adquiría por aquel precio mínimo, cuando vencía el término convenido, siendo muy extraño que el cliente –denominado en los contratos como inversor, lo que ya resulta muy significativo sobre el propósito negocial de las partes- no ejercitara la opción de venta.

Los créditos de los titulares de los contratos en vigor al tiempo de la declaración de concurso se reconocen como créditos concursales ordinarios o contingentes, en función de que se hubiera cumplido el término sin que el cliente inversor hubiera manifestado nada en contra de hacer efectiva la recompra o que, por el contrario, dicho término no hubiera concluido.

Sentencia del TS de 19 de Noviembre de 2015.

Los concursos presentados bajan un 21,3 por ciento y el número de ejecuciones hipotecarias disminuye por quinto trimestre consecutivo.

Las 14.735 iniciadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados son la cifra más baja desde el mismo periodo de 2008. Los lanzamientos practicados fueron 13.135, un 1,5 % menos que en el mismo trimestre del año pasado. Caen también los concursos presentados y las demandas por despido, mientras que los procedimientos monitorios aumentan un 10 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados fueron 14.735, un 12,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que sitúa este tipo de procedimientos –que se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia para exigir el pago de las deudas garantizadas por hipoteca- en su nivel más bajo desde el mismo trimestre de 2008.

Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, se trata del quinto trimestre consecutivo en el que las ejecuciones hipotecarias experimentan una disminución interanual.

Por Comunidades Autónomas, casi una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias -3.478, el 23,6 %- se iniciaron en Andalucía. Le siguieron Cataluña, con 2.760 (el 18,7 %); la Comunidad Valenciana, con 2.399 (el 16,3 %); y Madrid, con 1.477 (el 10 %).

Los lanzamientos practicados bajan un 1,5 por ciento.

Los lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año fueron 13.135, lo que supone un 1,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Es la primera ocasión, desde que comenzaron a contabilizarse en 2013, que experimentan una disminución interanual durante dos trimestres consecutivos. Los lanzamientos afectan a todo tipo de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El 53,6 % de los lanzamientos se derivó de procedimientos regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (principalmente, impagos de alquiler); el 43,2 % fue consecuencia de ejecuciones hipotecarias y el 3,2 % restante obedeció a otras causas. Los lanzamientos derivados de los procedimientos regulados en la LAU aumentaron un 2,8 %, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 2,2 %.

Por territorios, el 22 % de los lanzamientos practicados -2.895- se produjo en Cataluña; el 16,4 % en Andalucía, con 2.157; y el 16,1 % en la Comunidad Valenciana, con otros 2.117.

Atendiendo al origen de los lanzamientos, Cataluña ocupa el primer lugar en cuanto a los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el 26,4 % del total; seguida por Madrid (14 %) y Andalucía (12,6 %). Por lo que se refiere a los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, el 21,6 % se produjo en la Comunidad Valenciana, el 20,8 % en Cataluña y el 16,8 % en Andalucía.

Aumentan los lanzamientos solicitados.

El informe incluye también el número de lanzamientos cuya práctica fue solicitada por los Juzgados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2015 fue de 14.071, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 8.064 terminaron con cumplimiento positivo, un 8,9 % menos que en el mismo trimestre de 2014.

Los concursos presentados bajan un 21,3 por ciento.

El número de concursos presentados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados fue de 1.451, un 21,3 % menos que en el mismo periodo de 2014. Es la cifra más baja registrada desde el tercer trimestre de 2008 y supone el octavo trimestre consecutivo de disminución interanual.

Respecto al total, los 268 concursos presentados en Cataluña representan el 18,5 %. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 232 (16 %), Andalucía, con 226 (15,6 %) y Madrid, con 200 (13,8 %).

También ha disminuido, un 21,8%, el número de concursos declarados. En el tercer trimestre de 2015 se declararon un total de 892 concursos, a los que se añaden los 200 declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso. 

Además, durante el tercer trimestre de 2015 llegaron a la fase de convenio un total de 155 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 727, un 24,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por noveno trimestre consecutivo se ha producido una disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (EREs). Se han presentado 152 expedientes, un 39,7% menos que en igual trimestre de 2014.

Las demandas por despido, en niveles de 2008.

El número de demandas por despido presentadas en el tercer trimestre de 2015 ha sido el más bajo desde el segundo trimestre de 2008. Las 24.957 presentadas representan un 9,5 % menos que las registradas en el tercer trimestre de 2014.

Madrid sigue siendo la Comunidad Autónoma donde se han presentado más demandas de este tipo: 4.964, lo que supone un 19,9 % del total nacional. Le siguen Cataluña, con 4.234 (17 %); y Andalucía, con 4.189 (16,8 %).

Además, los Juzgados de lo Social registraron en el tercer trimestre del año 26.018 reclamaciones de cantidad, lo que supone una disminución del 7,1% respecto al mismo periodo de 2014 y es la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2007. También Madrid, con 4.931 demandas -el 19 % del total nacional- fue el territorio donde más demandas de este tipo se presentaron. Le siguieron Andalucía, con el 16,1 %; y Cataluña, con el 13,4 %.

Importante incremento de los procedimientos monitorios.

Los 158.859 procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción suponen un importante incremento, del 10,1 %, respecto a los registrados en el mismo periodo de 2014.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Por territorios, el 19,9 % de los procedimientos monitorios se registró en Andalucía, seguida de Madrid, con el 17,4 %; la Comunidad Valenciana, con el 13,6 %; y Cataluña, con el 9,2 %. 

En cuanto a la evolución interanual, destacan el importante descenso observado en Cataluña, del 39,6 %, que contrasta con el fuerte incremento registrado en Canarias, del 52,4 %.

informe efectos de la crisis en los órganos judiciales.