La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado el 19 de Noviembre, en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor de Pueblo el estudio "Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas", en el que pide que se establezca en el ordenamiento jurídico español un procedimiento de insolvencia independiente, o ley de segunda oportunidad, para particulares y consumidores de buena fe sobre endeudados.
En países de la UE existe un procedimiento que permite a los deudores de buena fe rehacer su vida y evitar la exclusión social.
Aunque recientemente se han aprobado en España reformas normativas que buscan la liberación de deudas, aún se pueden mejorar de forma que particulares afectados por hechos que no podían prever, que no pueden enfrentarse a sus deudas encuentren una salida.
Por todo ello, el estudio aboga por crear un procedimiento que logre la conciliación de los intereses de acreedores y deudores, facilitar el pago ordenado de las deudas y sanear la economía doméstica sobreendeudada.
La Defensora del Pueblo recomienda que dicho procedimiento sea amplio en su aplicación para que puedan acogerse a él deudores de buena fe, cuyo patrimonio sea incapaz de cubrir el conjunto de las deudas que lo gravan. El procedimiento debería también ser sencillo, eficaz y gratuito, bien a través de un mecanismo judicial o bien administrativo.
Al igual que otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, la resolución final tendría que fijar la quita, el importe de la deuda persistente, el plan de pagos, las condiciones a cumplir, un plazo de vigencia prudencial y la fecha de liberación del deudor.
Este estudio es una segunda actualización del informe "Crisis Económica y Deudores Hipotecarios, actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo", publicado por esta Institución en enero de 2012, en el que se proponían actuaciones a la administraciones en estas materias. En abril de este mismo año, se publicó una primera actualización para analizar el grado de aceptación de las recomendaciones formuladas, y ahora se insiste en la denominada "Ley de segunda Oportunidad", para lograr una mayor adecuación de la legislación a la situación actual.
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